El día de hoy el Parlamento Español aprobó definitivamente una ley que despenaliza la eutanasia y regula el suicidio asistido, y las establece como un derecho y prestación del sistema nacional de salud.

La propuesta de ley, fue presentada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y aprobada en el congreso de los diputados con 202 votos a favor, 2 abstenciones y 141 votos en contra entrará en vigor dentro de 3 meses 

Con lo anterior, España se suma a la pequeña lista de países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitarle el sufrimiento. España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal tras Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Colombia.

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Según el Centro de investigaciones Sociológicas dicha ley es aprobada por el 80 por ciento de españoles y llegó al congreso únicamente para su aprobación definitiva, únicamente modificó para obligar a cada comunidad autónoma a crear la Comisión de Garantía y Evaluación necesaria para que los ciudadanos ejerzan su nuevo derecho a la eutanasia.

Se considera que sean solo los mayores de edad y que sufran alguna enfermedad incurable o algún padecimiento grave, crónico e imposibilitante que les afecte a su autonomía y les genere sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables quienes podrán solicitarla.

Dicha autorización recaerá en la Comisión de garantía y evaluación que se compondrá de personal medico, enfermeras y juristas quienes en última instancia autorizarán cada proceso de la eutanasia, quien la solicite deberá confirmar repetidas veces su deseo de continuar y podrá desistir en cualquier momento si así lo quisiera.

Esta nueva ley ha sido motivo de polémica política y social y ha provocado un fuerte enfrentamiento entre la izquierda y derecha española, ya que desde que fue presentada  en el Congreso y el Senado ha tenido que superar varios vetos presentados por el bloque conservador del Partido Popular y el ultraderechista Vox.

Ahora dichos partidos han adelantado que dicha ley será llevada al Tribunal Constitucional de la mano de organizaciones pro vida, aseguran que esta ley abre la puerta a eutanasias no solicitadas pudiéndose convertir España en un país de turismo eutanásico además refirió que no existe demanda social objetiva.

Por su parte la diputada socialista María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley que da la “libertad de decidir”.

Fuente: Milenio