Abuso de la vacuna Covid-19
Abuso de la vacuna Covid-19

Esfera Pública.

El dilema de Morelia.

Christián Gutiérrez.

Es increíble, que el dilema de las autoridades del Ayuntamiento de Morelia ante el desbordamiento de la enfermedad Covid 19 sea, ¿aplicar o no la ley?

Este dilema que vive la capital de Michoacán, llamado aplicación del Estado de Derecho, es un reflejo de la clase política gobernante del país. Es una clase social que ya no quiere aplicar la ley, por los costos electorales que implica.

En menudo lío estamos los ciudadanos; tenemos gobernantes que ya no quieren gobernar; autoridades que gobiernan para las encuestas y para conservar sus carreras políticas.

¿Por qué digo todo esto? El sábado 26 de diciembre pasado, los integrantes del Comité de Salud de Morelia y las autoridades estatales de salud emitieron una serie de 11 acuerdos, como medidas de contención contra Covid 19 en el municipio.

La realidad de las cosas, es que estas medidas parecen adecuadas, algo que debe hacer cualquier gobierno municipal responsable ante el desbordamiento de los números de enfermos de Coronavirus y ante el colapso que vive su infraestructura hospitalaria.

El problema no es la publicación de una serie de 11 acuerdos, el problema y la pregunta obligada es: ¿por qué hasta ahora estas acciones?

El martes 10 de noviembre de 2020, el Gobierno de Michoacán publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE), el “Decreto por el que se establece la segunda fase de la nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo”, el cual contiene disposiciones legales contra la enfermedad Covid 19, obligatorias para todas las autoridades estatales, ayuntamientos, empresas, industria, comercios y para los ciudadanos. Disposiciones, como por ejemplo, la prohibición de desarrollar actividades no esenciales como reuniones que conglomeren más de 50 personas. O por ejemplo, el cierre de plazas públicas. Estos, solo son dos ejemplos de lo que contiene el Decreto estatal del 10 de noviembre pasado.

Y si esto se decretó, ¿por qué han adornado el Centro Histórico de Morelia con motivo de las fiestas de fin de año provocando aglomeraciones humanas? Estas aglomeraciones inducidas por estímulos visuales, culturales, religiosos y auditivos llaman a la gente, las personas acuden como abejas a la miel, y se les pone en peligro de muerte por Covid 19.

Esto ha sido increíble, sin embargo, nada se hizo para revertirlo. Por el contrario, las autoridades aseguraron que la “gente sale igual con adornos o sin adornos”. Si este fuera un dilema de acción gubernamental, la respuesta que ofrecieron fue: “la gente igual saldrá, mejor adornemos a pesar de la mala imagen y reputación pública que esto provoque”. Error de cálculo político, sin duda.

Y ante estos hechos irrefutables, “trajeron la solución”: emitir 11 acuerdos, entre ellos por ejemplo, el cierre vehicular del primer cuadro de la ciudad de Morelia a partir del día 27 de diciembre de 2020. ¡Increíble! Los estímulos que llaman a la gente no se quitarán y las plazas y los espacios públicos no se cerrarán, tan solo se hará un poco más difícil llegar a ellos.

Piense en esta metáfora: “El pastel de cientos de calorías no lo quitaremos del refrigerador, lejos del alcance del que sufre obesidad, solo lo pondremos en la parte alta del refrigerador”. 

¿Esto ayuda al que está en peligro? En nada.

Y lo más inverosímil: el documento de los 11 acuerdos remata diciendo: Estos acuerdos entran en vigencia a partir de la firma de la presente minuta y en observancia al Decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de fecha 10 de noviembre de 2020, y publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Esto es algo para no creerse. Tuvieron que pasar 47 días para que las autoridades del Ayuntamiento de Morelia decidieran cumplir y hacer caso a lo decretado por el Gobernador.

Morelia es un caso, pero hay otros 111 ayuntamientos que podrían estar haciendo lo mismo: pasándose por el arco del triunfo el Estado de Derecho.

Ese es el problema que tenemos en Michoacán: tenemos gobernantes que ya no están dispuestos a hacer algo, que no sea de beneficio exclusivo para un político o para su grupo político.

Ese es el problema de este país, y se llama: interés electoral.       

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.
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