Con una votación unánime y tras considerar improcedente el juicio de inconformidad promovido por los partidos del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) autorizó la expedición y entrega de constancia de mayoría a favor del candidato de la colación PT-Morena, que lo acredita como gobernador electo del estado.
Durante la sesión celebrada la noche de este lunes, los magistrados resolvieron el llamado “juicio madre” interpuesto por los partidos que conformaron el “Equipo por Michoacán”, en el cual de solicitaba la anulación de la elección del seis de junio.
A menos de dos horas de la conclusión del plazo legal del que disponían se aprobó el proyecto de sentencia que presentó Salvador Alejandro Pérez Contreras, en donde se declaró infundado los presuntos agravios reclamados por el bloque de los tres partidos partidos más importantes del país.
El documento señala que la improcedencia se debe a que durante el proceso de revisión del TEEM, se cancelaron 61 centros de votación casillas que representan 0.99% de la totalidad de las casillas instaladas en la entidad.
Cabe mencionar que el bloque que buscó que Morena no llegará al poder, interpuso las inconformidades bajo el supuesto uso de la violencia generalizada e intervención de grupos armados; presión sobre el electorado; expulsión de representantes de partidos políticos; quema de urnas, presión y violencia sobre integrantes de las mesas directivas de casillas, así como la entrevista que el mismo mandatario concedió al periodista, Ciro Gómez Leyva) son insuficientes para sustentar los dichos.
Así mismo se desecho el juicio sobre la presunta votación atípica en los distritos de Múgica y Lázaro Cárdenas a favor de la coalición PT-Morena.
De igual forma, determinaron infundados los agravios sobre el supuesto embarazo de urnas, violación a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben guardar los servidores públicos, toda vez que los actores no acreditaron injerencia de los llamados Servidores de la Nación o que hubiera coacción o utilización de recursos públicos.
