El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, anunció este miércoles que la Cámara Alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a cerca de una veintena de candidatos judiciales presuntamente ligados al narcotráfico y otras irregularidades, en el marco de la histórica elección del Poder Judicial programada para el próximo 1 de junio.
En conferencia de prensa, Fernández Noroña reveló que se han identificado aspirantes que, a su juicio, no cumplen con el perfil de probidad necesario para ocupar cargos dentro del sistema de justicia. Entre ellos, mencionó a abogados defensores de narcotraficantes y personas que han promovido amparos para liberar a criminales de alto perfil.
“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas. No se trata de un capricho ni de veto, sino de evitar que participen personas con antecedentes cuestionables”, declaró.
El legislador indicó que las candidaturas en cuestión no superan la veintena, y aseguró que los nombres se darán a conocer una vez que se presenten formalmente las impugnaciones ante el TEPJF.
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Asimismo, instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a no permitir la participación de perfiles que pongan en riesgo la integridad del Poder Judicial, aunque la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó que dicha responsabilidad recae en el propio Senado y en el TEPJF, no en la autoridad electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a los señalamientos, pidiendo al Tribunal Electoral que anule las candidaturas de quienes tengan vínculos con el crimen organizado. Por su parte, la organización civil Defensorxs documentó 13 casos con supuestas ligas al narcotráfico, delitos sexuales y sectas político-religiosas, a través del sitio Justicia en la Mira. Entre los nombres destacados figura Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Esta controversia se suma a la tensión que rodea la primera elección popular del Poder Judicial en México, en la que más de 99 millones de votantes están convocados para elegir 881 cargos de entre 3.422 aspirantes, incluyendo ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, en medio de advertencias de organismos internacionales, asociaciones civiles y la oposición sobre una posible intromisión del crimen organizado y del Ejecutivo en el proceso.
Fernández Noroña concluyó que aún se está “a tiempo” de evitar que personas sin la debida probidad lleguen al sistema judicial, y pidió atender esta señal de alerta para preservar la legitimidad de la elección.
Fuente: Aristegui Noticias
