Colectivas feministas, funcionarias a nivel estatal y municipal y la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presentaron por separado documentos dirigidos a la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, para pedir de manera urgente, atender el decreto nacional en torno a la llamada “Ley 3 de 3”, norma con la cual se limita la participación de cualquier persona deudora alimentaria en la función pública.
Un dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender el derecho de ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público a quien sea declarado como deudor alimentario o sentenciado por violencia familiar, violencia política en razón de género u otro delito que atente contra la libertad sexual y emocional de las mujeres.
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El oficio firmado por Elvia Higuera Pérez, sub secretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, y Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora del Instituto de la Mujer Moreliana, menciona la necesidad de que el Congreso Michoacano esté a la altura de la demanda nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, así como el reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Tiene como objetivo establecer una sanción de carácter constitucional para cualquier persona (sea hombre o mujer) que incurra en conductas de actividades de violencia y de delitos que afecten la vida e integridad de las personas.
La intención de ambos oficios es generar la atención de la presidencia de la Mesa Directiva, para registrar en la orden del día de la próxima sesión del Congreso de Michoacán, la minuta del decreto remitido por el Congreso de la Unión, relativa al dictamen constitucional aprobado, con el que se reforman los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
