Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron esta semana santa al exjuez Joel Cano y a su esposa, Nancy Cano, en el estado Nuevo México, Estados Unidos, luego de que una investigación revelara que en su domicilio residían varios inmigrantes venezolanos sin documentos, entre ellos un presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua.
El arresto se produjo tras una denuncia anónima recibida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la que se señalaba que personas en situación migratoria irregular habitaban la vivienda de los Cano en Las Cruces y tenían acceso a armas de fuego. Agentes federales ejecutaron órdenes de registro en febrero, durante las cuales incautaron cuatro armas y detuvieron a tres inmigrantes. Uno de ellos, identificado como Cristhian Ortega-López, está bajo investigación por su supuesta afiliación al grupo delictivo.
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La pareja fue acusada de manipulación de pruebas y puesta a disposición de las autoridades. Joel Cano, quien se desempeñó como juez de instrucción en el condado de Doña Ana, renunció a su cargo en marzo tras la apertura formal del proceso judicial. En su carta de renuncia, Cano aseguró desconocer cualquier posible vínculo entre los inmigrantes y el Tren de Aragua. “Me enteré de esas acusaciones el día del allanamiento. Nunca habría puesto en riesgo a mi familia”, escribió, y explicó que los hombres albergados contaban con documentos que indicaban que no estaban sujetos a expulsión y que tenían audiencias pendientes de asilo.
Según consta en los registros judiciales, Ortega-López realizó trabajos menores para la familia Cano a finales de 2023 y, tras perder su vivienda, fue invitado a alojarse temporalmente en una casa secundaria ubicada en la propiedad. Durante ese tiempo habría tenido acceso a las armas encontradas.
Las autoridades federales también han puesto bajo análisis las redes sociales de Ortega-López y de otros inmigrantes alojados en el domicilio, donde encontraron elementos visuales como tatuajes, señas manuales y vestimenta que, según los investigadores, podrían asociarse con el Tren de Aragua, una banda de origen venezolano señalada por su actividad criminal internacional.
El caso se enmarca en un contexto más amplio: el Gobierno estadounidense ha endurecido sus políticas migratorias, en especial hacia ciudadanos venezolanos. En las últimas semanas, el uso de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros ha generado fuerte controversia, luego de que se ordenara la detención y deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua sin proceso judicial completo. La ACLU ha presentado demandas para frenar estas acciones, alegando violaciones a los derechos constitucionales de los migrantes.
La pareja Cano se encuentra en espera de las próximas audiencias judiciales, mientras que el proceso contra los inmigrantes detenidos continúa bajo reserva. El caso ha reavivado el debate en torno al papel de las autoridades locales en el manejo de temas migratorios y de seguridad nacional.
Fuente: Independent en Español
