La demanda indica que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) jamás debió haber tomado decisiones sobre el la notificación de la Juez y dejar el nombramiento del nuevo Auditor del Estado.
En las instalaciones del Congreso del Estado de Michoacán, se presentó una denuncia de Juicio Político contra los diputados de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que mediante la toma de decisiones en corto, solo los miembros de esta, aprobaron mantener en el cargo a Marco Antonio Bravo Pantoja, encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán.
El demandante fue Antonio Plaza Urbina, indicando que se procedió de manera ilegal de parte de los legislativos, al intentar burlar dicho asunto con un acuerdo que carecía de facultades y dejaba de lado las decisiones del Pleno del Congreso del Estado.
“Es un desconocimiento de la ley, es una forma tramposa y chapucera de querer hacer las cosas, es una falta, es lo que estamos denunciando una violación grave de la constitución, esto no es que se quede en el aire, a partir del día que publicaron este acuerdo y en su carácter ahora de auditor interino, todos los actos que lleve a cabo el auditor de Michoacán son ilegales”.
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Apuntó que otra de las decisiones fue nombrar a un “Auditor Superior Interino”, la cual es una figura inexistente porque hay toda una normativa que claramente señala que la Auditora Especial de Auditoría Estatal es quien debe cumplir como encargada de despacho ante la ausencia de un Auditor Superior de Michoacán.
“Hay instituciones que están dejando de funcionar en Michoacán por la irresponsabilidad de los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política… Marco Bravo en este momento es un auditor que está nombrado pero que no ha tomado posesión que por lo tanto no tiene ese carácter que debe esperar a que se resuelva el amparo de fondo y en ese momento tomar posesión si es lo procedente y ejercer el cargo por el periodo por lo que reste al período y no como fue nombrado también indebidamente”.
La denuncia de Juicio Político debe derivar en que los diputados señalados sean llamados al Pleno a rendir cuentas y se les apliquen sanciones que pueden ser hasta de inhabilitación.
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