El pasado 13 de abril, la Presidenta del Congreso del Estado presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar el Artículo 65 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso.
La cual pretende incorporar la creación de comités internos de participación ciudadana, integrados por representantes de los diversos sectores sociales, empresariales y académicos, mediante convocatoria pública y por un periodo de tres años, con la finalidad de participar con voz, en las reuniones de comisión y/o comisiones unidas, para conocer y emitir sus puntos de vista jurídicos, académicos y técnicos, sobre los asuntos de interés público que se traten.
Dicha propuesta de iniciativa fue tomada con beneplácito por la mayoría de las y los diputados integrantes de la LXXIV legislatura, quienes tuvieron a bien suscribir la misma, aspecto que, desde la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, (AIEMAC) reconocemos y celebramos.
Derivado de lo anterior, en días recientes, se llevó a cabo un conversatorio sobre la iniciativa presentada, resultado de un trabajo colaborativo entre la presidenta del Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, y del presidente de AIEMAC, Carlos Enríquez Barajas.
En esta mesa de trabajo, también estuvieron presentes la Dip. Sandra Luz Valencia, legisladoras por los estados de Aguascalientes y Querétaro, así como especialistas de diversos sectores sociales, profesionistas, académicos, empresarios y organismos autónomos, provenientes de: UMSNH, IMAIP, Consejo Ciudadano de Morelia, Red Juntos por Michoacán, CEMIDE, Colegio de Profesionistas de Michoacán, Poder Judicial de Michoacán y Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, quienes a través de sus intervenciones brindaron importantes argumentos que coadyuvarán en el fortalecimiento de la iniciativa, pero además señalaron el sentido de urgencia por establecer en ley, la creación de un comité ciudadano del poder legislativo y en un esquema de parlamento abierto, con base en mecanismos claros de participación social e intereses legítimos de la ciudanía, que garanticen su adecuada integración y funcionamiento.
