Con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y facilitar el acceso a los productos de gestión menstrual en las escuelas públicas, las diputadas y los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura aprobaron reformas a la Ley de Educación.
El dictamen presentado por la Comisión de Educación, destaca la necesidad de que las instituciones realicen acciones para brindar información adecuada, imparcial, completa y accesible sobre la menstruación.
Asimismo, destaca que la gratuidad de los productos de gestión menstrual es una necesidad y oportunidad real para reducir la brecha de género a la que se enfrentan todas las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro Estado.
Las reformas se aplicaron para establecer que las autoridades educativas deberán elaborar, editar y distribuir material educativo en las diversas lenguas del territorio estatal, para orientar y concientizar a los alumnos sobre el tema de la menstruación, además de contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual, para evitar la ausencia escolar, bullying y discriminación.
Así, desde una perspectiva de género, se fomentará la educación menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas menstruantes que lo requieran, en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.
De igual forma, en los contenidos de los planes y programas de estudio deberán resaltar, la educación sexual integral y reproductiva que implica la educación menstrual, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.
Asimismo, como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a recibir becas, alimentos, productos adecuados para la gestión menstrual, tales como, toallas sanitarias desechables y de tela, tampones, copas menstruales o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual y demás apoyos económicos priorizando a las y los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.
