Cansadas del acoso sexual, estudiantes y trabajadoras de diferentes universidades públicas de Michoacán se manifestaron para exigir que los directivos de las instituciones educativas respondan y se responsabilicen ante los casos de acoso sexual que han denunciado por parte de los mismos.
Las estudiantes afectadas iniciaron un proceso legal ante la Fiscalía del Estado para acusar a un maestro de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), por abusar sexualmente de una alumna e hicieron una marcha pacífica desde Casa Michoacán hasta Palacio de Gobierno, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas presuntamente firmado por el Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, pero continúa haciendo caso omiso.
En estas peticiones, las estudiantes solicitan que se aplique la regla 3 de 3, la cual es una iniciativa ciudadana que busca que los funcionarios públicos presenten tres declaraciones, la patrimonial, la fiscal y la de intereses. El objetivo es promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, básicamente se basa en el principio de que quien no debe, no teme.
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Entre las demandas, se encuentran la destitución de los profesores y funcionarios señalados por acoso, la reinstalación de dos administrativas que fueron expulsadas por los sucesos, la creación de protocolos de atención y prevención, y la garantía de un ambiente libre de violencia de género.
Las estudiantes advirtieron que no cesarán la manifestación hasta que se haga justicia y se erradique el acoso sexual en estas universidades, asimismo, hicieron un llamado a las autoridades estatales para que intervengan en el asunto y sancionen a los responsables.
Las manifestantes también expresaron su solidaridad con las demás alumnas de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), y del Tecnológico de Tacámbaro quienes han denunciado públicamente casos similares en sus respectivas escuelas.
Según las alumnas, los directivos y administrativos de las universidades han hecho caso omiso a sus denuncias o han intentado minimizarlas o encubrirlas. Por ello, exigieron que se les brinde una respuesta inmediata y efectiva, así como el respeto a sus derechos humanos y educativos.
