El fallo es el desenlace de una batalla legal iniciada por el grupo feminista For Women Scotland, que cuestionó una ley escocesa de 2018 destinada a aumentar la representación femenina de los consejos de organismos públicos. Esta legislación permitía contar a mujeres trans dentro de las cuotas, lo fue impugnado por el grupo activista alegando que ello desvirtuaba el objetivo de favorecer a mujeres biológicas, tradicionalmente subrepresentadas.
Aunque el gobierno escocés modificó la normativa para limitar esa inclusión a personas con un Certificado de Reconocimiento de Género, la disputa continuó y terminó siendo evaluada por el máximo tribunal británico. El vicepresidente del tribunal, lord Hodge, leyó la sentencia, afirmando que los términos “mujer” y “sexo” dentro de la Ley de Igualdad deben entenderse en función del sexo biológico. Subrayó, sin embargo, que el tribunal no tomaba postura sobre el debate social más amplio sobre la identidad de género ni invalidaba los derechos de las personas trans.
“La decisión no pretende quitar derechos a nadie”, enfatizó, añadiendo que las personas trans siguen amparadas por las disposiciones legales contra la discriminación, específicamente en la categoría de “reasignación de género”.
Esta decisión obtuvo reacciones divididas, el fallo fue celebrado por grupos feministas que defienden espacios diferenciados por sexo biológico. Susan Smith, codirectora de For Women Scotland, declaró que el fallo garantiza que los servicios y espacios diseñados para mujeres estén reservados para mujeres biológicas, lo cual considera fundamental para proteger derechos y seguridad.
La escritora J.K. Rowling, quien ha sido una figura prominente en este debate, expresó su apoyo al fallo y al grupo demandante, destacado que “se ha protegido a mujeres y niñas”. Por el contrario, organizaciones que promueven los derechos de las personas trans manifestaron su preocupación por el potencial impacto del fallo. Scottish Trans y Stonewall UK alertaron sobre el riesgo de que la decisión refuerce discursos excluyentes, aunque también llamaron a la calma, destacando que las protecciones legales para las personas trans permanecen intactas en otros aspectos de la ley.
Desde la Amnistía Internacional, Sacha Deshmukh advirtió que, aunque el fallo no elimina derechos, puede tener implicaciones preocupantes que deberán analizarse cuidadosamente. A corto plazo, la sentencia afecta principalmente a políticas públicas que dependen de la definición de “sexo”, como cuotas de representación, servicios de asistencia diferenciados por sexo (refugios, prisiones, instalaciones hospitalarias, etc.), y derechos laborales vinculados al género. A largo plazo, podría influir en futuras reformas legales y en el diseño de políticas de inclusión, especialmente si otros países observan este procedente británico.
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Por ahora, el fallo establece una interpretación clara dentro del Reino Unido: el sexo, según la Ley de Igualdad, es una categoría biológica, y no de identidad de género. A pesar de ello, el debate sobre cómo equilibrar los derechos de distintos grupos continúa abierto, tanto en los tribunales como en la sociedad.
Fuente: The New York Times
