Al término de sexenio del perredista, Silvano Aureoles Conejo al frente del Ejecutivo en Michoacán, se detectaron una serie de desfalcos que suman más de 10 mil millones de pesos, los cuales deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Y es que a dos meses de que concluyera su administración salieron a la luz pública una serie de irregularidades con las cuales se podría explicar la grave crisis financiera que enfrenta Michoacán.
En primera instancia, se habló de la renta de helicópteros en los que el ex mandatario, pagó mil 227 millones de pesos lo que representó un gasto de 600 mil pesos diarios para el erario de la entidad.
Silvano alquiló 7 aeronaves durante su mandato, ya que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se realizó un contrato a la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., la cual rentó al ex gobernador 6 helicópteros y un avión sigiloso, que presuntamente se utilizarían para vigilancia aérea, búsqueda y rescate y logística.
De igual forma se reveló que las aeronaves fueron utilizadas por la familia y los allegados del ex gobernador para vuelos personales, lo cual fue parte de los lujos que el servidor gozó a costa del erario público.
Para continuar con las irregularidades del perredista, se detectó un presunto fraude que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga, por 5 mil 186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares), en la construcción, el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
Estos cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.
Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo, que se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos.
Este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos –uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno- con la existencia además de un sobreprecio en la construcción.
Además, posteriormente se rentaba a la empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del Gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios, la falta de evidencia documental de la entrega de los inmuebles y la inexistencia de equipamiento.
Un escándalo más fue el ya famoso hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzi, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en Casa de Gobierno en Morelia.
Aunque Aureoles dijo que durante su mandato –del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2021- no realizó ninguna modificación a la llamada al inmueble, se demostró, con una serie de documentos que en agosto del 2020 su gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.
Y por si fuera poco el ex gobernador de Michoacán, rentó equipo y servicios para vigilancia y monitoreo de direcciones IP y redes sociales por 34 millones de dólares.
El contrato firmado con la empresa Integra Software, vinculada a Víctor Manuel Álvarez Puga, se especifica que la empresa tenía la obligación de llevar a cabo “monitoreo y actualización constante de las direcciones IP en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios, así como la instalación de doce terminales y pantallas de monitoreo, asimismo, se dará servicio y mantenimiento a las terminales las veinticuatro horas, los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año, además de un monitoreo de objetivos estratégicos de inteligencia financiera, a través de las plataformas tecnológicas propias”.
Sin embargo, los 34 millones de dólares serían apenas una fracción del monto total que habría erogado el gobierno de Aureoles, según versiones periodísticas.
Ya que el pasado 8 de noviembre, el periodista Salvador García Soto publicó en su columna del diario El Universal, que la administración saliente del estado pagó en cinco años 132 millones de dólares para instalar y operar un sistema de espionaje.
Según García Soto, los servicios contratados eran en realidad un centro de vigilancia para teléfonos de cómputo, no solo de Michoacán, sino de todo el país, para el espionaje de personas empresarias, periodistas, políticas y con notoriedad pública.