Morelia, Michoacán., a 05 de abril de 2024.- En Michoacán, un total de 25 candidatos a diversos cargos de elección popular, desde presidentes municipales, hasta diputados locales y federales, han solicitado adherirse al protocolo de seguridad del gobierno estatal y federal.
Entre ellos destaca Alfonso Martínez Alcázar, dos veces presidente municipal de Morelia, quien buscará repetir el cargo por tercera ocasión.
El titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Elías Ibarra Torres, reveló en una entrevista reciente, que 19 aspirantes han solicitado protección para resguardar su integridad física, durante sus recorridos por las diferentes carreteras, municipios y calles de la entidad.
El órgano electoral a nivel federal informó que cinco candidatos han presentado solicitudes similares en busca de seguridad.
Recientemente, un candidato a diputado local compartió que se prepara para solicitar protección, tras sufrir un atentado hace unos meses.
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En la búsqueda del voto en el municipio de Hidalgo, no está dispuesto a dejar cabos sueltos, ante el riesgo de ser víctima de la delincuencia organizada, que podría poner en peligro su vida.
“Hemos vivido los últimos días acontecimientos complicados en temas de inseguridad, yo apelo a que, el gobierno federal y estatal y los municipales, se pongan de acuerdo, en el caso de tu servidor, yo ya solicité protección al gobierno del Estado, como lo marca el reglamento”, manifestó el candidato a diputado por el distrito de Hidalgo.
Ante la creciente preocupación por la seguridad de los candidatos, el gobierno estatal, ha reforzado su protocolo de protección, proporcionando elementos de seguridad para acompañar a los aspirantes en sus actividades de campaña.
La escalada de violencia en Michoacán, ha generado un clima de temor entre los candidatos, quienes buscan garantizar su seguridad para poder ejercer su derecho a participar en el proceso electoral en condiciones seguras y libres de intimidación.
La sociedad michoacana, espera que, las autoridades correspondientes tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los candidatos y, en última instancia, proteger la integridad del proceso democrático en el Estado.
