Un cargamento de 50 toneladas de productos químicos fue interceptado en el Puerto de Long Beach, en una operación liderada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), marcando otro golpe significativo al suministro de drogas ilegales hacia Norteamérica.
La sustancia incautada, peróxido de dicumilo, es un compuesto altamente utilizado en la síntesis clandestina de metanfetaminas. Según informes oficiales, el contenedor provenía de China y tenía como destino final una red del Cártel de Sinaloa operando en México.
El hallazgo forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno estadounidense desde 2019, centrada en rastrear los flujos internacionales de precursores químicos empleados por organizaciones criminales para fabricar drogas sintéticas. La iniciativa utiliza inteligencia avanzada y tecnologías de análisis comercial para interceptar estos envíos antes de que crucen la frontera.
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“Estamos atacando la raíz del problema. Este tipo de acciones nos permite detener el tráfico antes de que afecte nuestras comunidades”, declaró Chad Plantz, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional.
La ofensiva ha producido resultados considerables: más de 1.7 millones de kilogramos de sustancias potencialmente letales han sido decomisadas desde la creación del programa. Tan solo en marzo de este año, otra operación en el Puerto de Houston logró incautar 44 mil kilos de ácido acético glacial, también dirigido al mismo grupo criminal.
Las autoridades estadounidenses subrayan que estas acciones no solo interrumpen la cadena de suministro de drogas, sino que también han permitido, en coordinación con el gobierno mexicano, detectar y desmantelar al menos 13 laboratorios clandestinos vinculados a los “Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Este tipo de colaboración transnacional busca reducir el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y debilitar la capacidad de producción de los cárteles mexicanos, cuya influencia continúa representando una amenaza significativa para la salud pública y la seguridad regional.
Fuente: El Imparcial