Con 58 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Ingrid, la cual refiere que de difundir o reproducir contenido multimedia pertenecientes a una investigación de feminicidio, se castigarían hasta con 6 años de prisión.
La Ley Ingrid surge a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja el pasado 09 de febrero del año pasado, y sus imágenes fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.
Ingrid tenía 25 años de edad, y su pareja, de nombre Erick Francisco de 46 años de edad, fue detenido por ser el presunto feminicida, después de que policías de seguridad llegaran a la casa donde se había reportado el crimen y hallaron el cuerpo de la joven desollado en el piso.
Tras esta situación, familiares, activistas y organizaciones solicitaron sanción para quienes compartieron e hicieron uso indebido de este material.
Ahora, con dicha ley se busca sancionar penalmente; los castigos irán desde los 2 hasta los 6 años de prisión, hasta penas monetarias y serán aplicados contra todo aquel servidor público que de forma indebida “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo”.
Después de ser aprobada en uno de los estados del país, activistas independientes y colectivas feministas comienzan a llenar redes sociales con la exigencia de aprobar la LeyIngrid a nivel nacional.
