Silvano Aureoles obtiene suspensión provisional tras ser acusado de desviar más de 3 mil millones de pesos
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó y obtuvo una suspensión provisional de la justicia federal para evitar su captura, luego de ser acusado del desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en la entidad.
El recurso fue promovido el pasado 21 de abril ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. La medida cautelar le fue concedida por el secretario en funciones de juez, quien ordenó el depósito de una garantía de 52 mil pesos en un plazo no mayor a cinco días. Esta suspensión impide que se le prive de su libertad hasta que se resuelva la suspensión definitiva, incluso si la orden de aprehensión corresponde a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Aureoles, actualmente prófugo, promovió el amparo contra actos de un juez de control adscrito al Reclusorio Norte, entre ellos órdenes de captura, comparecencia judicial y su ejecución.
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El caso forma parte de una investigación más amplia encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que también involucra a siete excolaboradores del exmandatario. Cuatro de ellos ya están vinculados a proceso y en prisión preventiva por delitos como administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.
Los cuarteles policíacos, cuyo financiamiento público está bajo sospecha de malversación, estaban destinados a municipios clave del estado: Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El caso marca un nuevo episodio en la lucha contra la corrupción en México, al colocar en el centro del huracán a un exgobernador señalado por uno de los desfalcos más grandes en la historia reciente del estado. La justicia ahora tendrá que decidir si procede la suspensión definitiva o si se ejecuta la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles.
Fuente: La Jornada
