Brian Jeffrey Raymond, exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en México, fue sentenciado a 30 años de prisión tras revelarse que drogó y agredió sexualmente a decenas de mujeres en distintos países, incluyendo México.
Durante su estancia como primer secretario en la sede diplomática en la Ciudad de México entre 2018 y 2020, Raymond utilizó su posición para ganarse la confianza de mujeres que conocía a través de aplicaciones de citas como Tinder y Bumble. La mayoría de las víctimas, según documentos judiciales desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron llevadas a su residencia oficial en el barrio de Polanco, donde eran intoxicadas con sustancias introducidas en bebidas y alimentos.
La investigación reveló que al menos nueve mujeres mexicanas fueron violentadas en el país, mientras que otras 18 víctimas se identificaron en distintos puntos del mundo. En todos los casos, Raymond registraba los abusos en fotografías y videos, muchos de los cuales fueron claves para su enjuiciamiento. El modus operandi incluía invitar a las mujeres a compartir alimentos y bebidas en entornos que parecían seguros y sofisticados, aprovechando su apariencia de hombre culto y profesional.
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Muchas de las sobrevivientes declararon no recordar claramente los hechos hasta que fueron contactadas por agentes del FBI, quienes les mostraron pruebas visuales del abuso. Las víctimas expresaron el profundo impacto emocional de descubrir lo ocurrido a través de estos materiales, y denunciaron además el maltrato y la revictimización por parte de algunas autoridades mexicanas cuando intentaron denunciar.
Brian Raymond, que contaba con un perfil intachable dentro del gobierno estadounidense y había trabajado para agencias de inteligencia, logró evadir en un principio la justicia gracias a la inmunidad diplomática. Sin embargo, una denuncia en 2020 abrió la puerta a una investigación más amplia que finalmente condujo a su arresto, extradición y condena.
La sentencia impuesta en septiembre de 2024 incluye además una compensación económica simbólica, aunque todas las víctimas coincidieron en que ninguna cantidad de dinero podrá resarcir el daño causado. El caso ha encendido las alarmas sobre los vacíos legales en materia de inmunidad diplomática y la necesidad de reforzar los controles dentro del cuerpo diplomático.
Fuente: Milenio