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Morelia, Michoacán., a 09 de abril de 2024.- En Michoacán, 21 candidatos provenientes de diversos partidos políticos han optado por adherirse al protocolo de seguridad implementado por el gobierno estatal, de estos, ocho figuran como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló el dirigente estatal del tricolor, Guillermo Valencia Reyes.
Durante una conferencia de prensa, reveló que, entre los postulantes del PRI, que se comprometen a seguir los protocolos de seguridad se encuentra su propio hermano, René Valencia Reyes, quien busca la presidencia municipal de Morelia.
La decisión de adherirse al protocolo de seguridad no es una cuestión trivial, especialmente para René Valencia Reyes, quien enfrenta riesgos significativos en su labor como líder de la organización Revolución Social.
Y es que aseguró, René, ha expuesto, detenido y evidenciado a numerosos elementos tanto de la delincuencia común, como de la organizada.
“Son ocho los del PRI, los que han solicitado adherirse al protocolo, seguramente, René lo hará también, porque la labor social que ha venido haciendo afecta mucho intereses, hay un candidato por ahí que dice que el que nada debe, nada teme, por eso, no lo hará, a lo mejor, porque no ha hecho nada para resolver los problemas de inseguridad en el Estado, de la ciudad, pero, René, ha pisado callos y ha afectado muchos intereses y ha logrado detener a integrantes del crimen organizado, secuestradores y delincuentes de todo tipo”, remarcó.
Por ello, consideró que, la implementación de mecanismos de seguridad se vuelve imprescindible para salvaguardar su integridad física.
La preocupación por la seguridad de los candidatos es palpable, dadas las circunstancias actuales marcadas por una ola de violencia política.
Valencia Reyes, señaló que, la vida de los candidatos está en riesgo, hecho que se ha evidenciado con la serie de asesinatos registrados contra precandidatos, políticos y servidores públicos, durante el transcurso del 2024.
La adhesión al protocolo de seguridad, no solo refleja una medida preventiva, sino, también un llamado urgente a las autoridades para garantizar condiciones óptimas que permitan el ejercicio democrático y pacífico de la política.
En un contexto marcado por la violencia, la seguridad de los candidatos se erige como una prioridad ineludible para preservar la integridad del proceso electoral y el ejercicio pleno de la democracia.