Mediante una iniciativa de ley que fue presentada por los diputados de la bancada de Morena en Michoacán, Anabet Franco, Juan Carlos Barragán, Margarita Lopéz y Julieta García plantearon hasta 12 años de prisión a los propietarios de los centros de atención de adicciones o anexos en los que se emplee la violencia física o psicológica como tratamiento.
Así mismo, la sanción va para quien se retenga en contra de su voluntad del interno, como consecuencia pierda un órgano o la vida, sufra abuso sexual o sea menor de edad, también será la misma pena de cárcel en los centros de conversión de sexo.
En este sentido, la propuesta es adicionar un artículo 163 al código penal para tipificar los delitos en la atención de adicciones o farmacodependencia y uno de ellos sería ofrecer el servicio de atención o tratamiento de adicciones o farmacodependencia en la modalidad de internación.
También te podría interesar: El capitán Felipe González Osnaya, nuevo director de Seguridad Pública en Pátzcuaro
También será en centros, instalaciones o lugares que no cuenten con la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, ni con los requisitos que mandata la Ley en la materia.
En estos casos la pena de cárcel será de 6 meses a dos años privativa de la libertad y una sanción de mil a dos mil veces el valor la Unidad de Medida y actualización (UMA).
Si los sujetos o persona involucrada tuvieran más de una instalación en el estado la pena se aumentará de 2 a 5 años y de 3 mil a 5 mil veces el valor de la UMA.
Finalmente estas penas serían adicionales a los delitos en sí ya tipificados en el código penal, la ley de salud y la ley contra las adiciones.