Luego de que el caso de Jessica González Villaseñor y otros, se han atrasado en su resolución por diferentes circunstancias en los procedimientos judiciales, se exhortó a la autoridad competente a no caer en omisiones y evitar el retraso de los juicios contra personas imputadas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue quién hizo un llamado al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Estado (FGE), para que se agilicen los procesos de investigación y procuración de justicia por delito de feminicidio en Michoacán.
Recordó que el Gobierno de Michoacán promovió en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para agravar las penas por feminicidio y castigar, hasta por ocho años de prisión, a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración de justicia.
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Sin embargo, lamentó que las y los diputados locales no incluyeran este último apartado en la reciente aprobación de la modificación del Código Penal, al considerar que debe observarse el actuar de quienes llevan las investigaciones y juicios respectivos para así avanzar en la justicia y lucha social de las mujeres y familiares de las víctimas.
Por lo que, el gobernador afirmó que se volverá a enviar al Poder Legislativo del estado la propuesta para que se aguegue el apartado como a continuación se especifica:
“Al servidor público que retarde o entorpezca
maliciosamente o por negligencia la procuración o
administración de justicia, se le impondrá pena de
prisión de tres a ocho años y multa de 500
a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, además será destituido e inhabilitado”.