Una jueza federal suspendió de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que ordenó devolver a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La suspensión definitiva fue otorgada por Karla María Macías Lovera, quien es jueza Noveno de Distrito con residencia en el estado de Guanajuato, a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México.
Sin embargo, la organización expresó que si la Guardia Nacional pasa a la Sedena eleva el peligro para el libre ejercicio de actividades destinadas a proteger los derechos humanos, debido a que su incorporación podría generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libertad de manifestación de ideas, expresión y reunión.
Esto de acuerdo a que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función de naturaleza civil a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios, tal y como esta marcado en el artículo 21 de la Constitución mexicana.
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Por otro lado, la jueza señaló que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a la jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los precedentes de la Corte Interamericana.
Por lo tanto, en dado caso de que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena haya comenzado, los recursos deberán restituirse a la SSPC con base al Presupuesto de Egresos de 2022.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, expresó.
Fuente: López-Dóriga