De acuerdo con el documento “Acres de Lavado de Dinero, Por Qué las Inmobiliarias Estadunidenses son el Sueño de la Cleptocracia”, elaborado por el think tank Global Finance Integrity, México encabeza a la clase política mundial que esconde así sus ganancias ilícitas, junto con Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria.
Los ex gobernadores Javier Duarte con 30 casas en Florida, José Murat con seis en New York, Florida y Utah y Tomás Yarrington con las propiedades que confesó tener en Texas e Isla del Padre, así como el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con su casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach son los ejemplos de que los políticos mexicanos son los que más propiedades compran en Estados Unidos para lavar su dinero.
Los mexicanos son el caso número seis expuesto en el documento, titulado Dinero Procedente de Corrupción Política Lavado a Través del Real State de Estados Unidos al Usar Abogados.
El documento detalla que al menos cuatro casos de altos funcionarios mexicanos acusados de corrupción, malversación y enriquecimiento inexplicable adquirieron bienes raíces por millones de dólares en Estados Unidos.
En el caso del ex gobernador veracruzano cita al menos cuatro investigaciones periodísticas de España y Estados Unidos para detallar que fue acusado en 2016 de malversar 26 millones de dólares e incluso fomentar actividades del narcotráfico y adquirió al menos 90 propiedades en México, España y Estados Unidos, usando abogados y socios de negocios al frente de una complicada red de compañías en Texas, Delaware y Florida.
Habla de que el ex gobernador de Oaxaca, José Murat y su hijo Alejandro, actualmente mandatario estatal, poseen al menos seis propiedades que superan el valor de los seis millones de dólares, cuya titularidad es poco clara como un condominio en Nueva York, además sostiene el caso de Yarrington con la adquisición de propiedades mediante compañías registradas a nombre de sus socios para asegurar millones de dólares y el uso de la identidad de su abogado, por parte de García Luna para comprar propiedades en su nombre y de sus socios.
El análisis de 125 casos a cargo de Global Finance Integrity, en los cuales incluye a los políticos mexicanos, calcula que entre 2015 y 2020 se lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos.
Y explica que los delincuentes eligen la compra de inmuebles para lavar su dinero porque mantienen un valor estable, les permite acumular riqueza y ocultar su origen, hay una limitada supervisión que les permite ocultar su propiedad, pueden generar ingresos mediante alquileres o su promoción y así evitan cuentas bancarias bajo mayor vigilancia e incluso destaca que es más fácil librarse de esa recuperación de activos, ya sea de autoridades o del próximo político que tome el poder.
Fuente: Milenio
