No bajaremos las manos ante un estado represor: Consejo Supremo Indígena
Por Moisés Ochoa
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), aseguró que aún permanece el conflicto en las zonas de Sevina, Comachuén y Nahuatzen en el estado, derivado de las represiones por parte del ejecutivo que han sufrido en esta región, estas comunidades.
Por ello, la concejal menor del barrio cuarto de la comunidad indígena de Nahuatzen y representante del consejo indígena, María Yalitza Juárez Avilés, recalcó que la presidenta sustituta del municipio de Nahuatzen, Mayra Lucía Morales Morales, ha mentido al señalar a los integrantes del CSIM como recaudador fiscal del presupuesto designado a las comunidades indígenas.
“Cabe señalar las palabras de esta señora presidenta municipal, Mayra Lucía Morales Morales de la comunidad de Nahuatzen, que valga la expresión, le hace falta moral para poder expresarse de alguna manera de algún miembro del Consejo Supremo, especialmente del compañero Pavel, esta señora tiene muy mala reputación en la comunidad como para todavía atreverse a hacer declaraciones en contra del licenciado, en primer lugar, la comunidad no ha recibido más que seis meses del presupuesto”, indicó.
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En ese sentido el presupuesto que aseguró la edil sustituta era de 15 millones de pesos a lo cual el consejo la desmintió, indicando que solamente recibieron cerca de 7 millones de pesos, equivalente a seis meses.
“Aunque nos quitaron nuestra lengua seguimos teniendo el mismo espíritu purépecha guerrero de toda la vida, no bajaremos las manos, prefiero morir luchando a rendirme ante un estado represor, Silvano Aureoles en la plaza de mi municipio dijo ‘A los purépechas nunca nadie los venció’, supongo que dentro de sí decía ‘Pero si los voy a vencer’, ojalá que un día se vuelva a parar en mi pueblo y vuelva a dar la cara”, afirmó.
En ese sentido, la concejal menor dijo que existía la posibilidad de una conspiración entre el gobernador del estado, Silvano Aureoles y la presidenta sustituta del municipio de Nahuatzen para seguir con los abusos a las más de 60 comunidades pertenecientes al estado de Michoacán.
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