La Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán es un instrumento jurídico que debería de buscar regular los servicios de salud mental relativos a la prevención, promoción y atención, tanto psicológica como psiquiátrica, y su importancia radica en sus beneficios indirectos para prevenir la comisión de conductas antisociales y delitos, promover estilos de vida saludables comunitarios y fortalecer las relaciones positivas en las familias.
Actualmente, dicha ley incluye un presupuesto obligatorio de mínimo el 3 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud, oscilando en los 250 millones de pesos por año.
En la historia reciente del Estado de Michoacán han existido al menos 3 Centros de Salud Mental del Gobierno del Estado de Michoacán o Cemisam, dirigidos por psiquiatras, con un modelo medicalizante de la subjetividad humana, centralizados y sin programas en las comunidades. Cientos de personas tienen que pagar en desplazarse a la capital del Estado, para la comodidad de los médicos.
Por otro lado, existe un fuerte compromiso económico de las empresas farmacéuticas por tener control con los médicos, por medio de sus testaferros los psiquiatras, del recurso que se ejerce en la materia, es decir, cerca del 90 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud se gasta en su hospital psiquiátrico.
